El cortoplacismo de nuestros políticos y la Deuda Pública

De todos es sabido que nuestros políticos viven en períodos de 4 años y sus ojos no les permiten ver más allá de esos 4 años. Lo que se traduce en que sus decisiones sean a corto y, como mucho, a medio plazo. Desentendiéndose de las decisiones responsables y mirando por realizar actuaciones que sean visibles y que den la sensación de que sus mandatos como gobernantes han sido productivos y positivos para así tener una garantía de conservar un buen puñado de votos para las próximas elecciones e, incluso, aumentar la cifra.

Esto supone una grave situación para el Estado puesto que nadie se preocupa de las decisiones a largo plazo que, siempre, suelen ser las negativas, como, por ejemplo, la emisión de Deuda Pública que, salvo por las Letras del Tesoro, suele ser emitida a plazos superiores de los que va a permanecer el gobierno en el poder, mientras que no sea reelegido, algo totalmente fuera del control del político. En cualquier caso, para ser reelegido hay que crear una buena imagen, una imagen de buena gestión pública y la emisión de Deuda siempre nos ayuda a financiar las actuaciones de la Administración.

Sin embargo, no nos damos cuenta de algo muy importante, las Deudas han de pagarse, y no devolviendo precisamente la misma cantidad que se entregó, sino una cantidad superior, sea por que se devenguen intereses o sea porque el título fue adquirido por un valor inferior al nominal. Todo esto es obviamente porque nadie paraliza su dinero prestándoselo a un tercero con una rentabilidad 0, salvo que se trate de un amigo en el que confiamos.

Lo que implica que la emisión de Deuda Pública sea una actuación con una responsabilidad muy alta, ya que, al final, quienes pagan la Deuda son los ciudadanos.

Cierto es que endeudarse no siempre es malo, endeudarse puede ser buenísimo si la Deuda se destina a una inversión muy rentable, cosa que no es muy común cuando hablamos de Administraciones Públicas, lo que conlleva que la mayor parte de la Deuda Pública emitida acabe en inversiones negativas o improductivas, o que simplemente no produce la rentabilidad esperada. Sinceramente, si tengo que confiar en que los políticos que nos gobiernan van a invertir correctamente mi dinero y el de todos mis vecinos, más considerando que tienen una mentalidad electoralista y cortoplacista en la que priman las actuaciones de crear imagen de haber actuado, aunque sea con inversiones totalmente negativas como: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Ciudad de la Luz de Alicante, Aeropuerto de Castellón, etc, etc, etc. (sí, los 3 ejemplos son de la Comunidad Valenciana, mi tierra). Apaga y vámonos.

Por lo que yo establecería el recurso de la Deuda Pública como un recurso muy extraordinario y de extrema urgencia o, si acaso, que se destine a inversiones bien estudiadas previamente en las que se tenga un importante nivel de seguridad de que la inversión será positiva, algo que deberá justificarse a la hora de emitir Deuda Pública para así poder exigir responsabilidades en caso de no obtener los resultados esperados. Con extrema urgencia quiero decir que la necesidad de conseguir recursos para la continuación de una actividad de la Administración o su iniciación no pueda esperar a los nuevos presupuestos y no tenga otros medios de utilizar los recursos procedentes de otros ingresos que no generen una obligación de devolución. Es decir, que el no recurrir a la Deuda Pública suponga la paralización de la actividad administrativa causando un grave perjuicio a los ciudadanos, por ejemplo: imposibilidad de encontrar recursos económicos en el Presupuesto para la sanidad o la educación obligando a emitir Deuda o a paralizar su actividad (paralizar puede equivaler a una falta de recursos que dificulten o dañen gravemente la actividad llevada a cabo, no solo que se detenga por completo), o la imposibilidad de encontrar fondos para iniciar un procedimiento de evacuación o de acogida de las víctimas de catástrofes naturales, etc. Con esto quiero decir, que si una actividad administrativa puede ser paralizada sin causar graves perjuicios a los ciudadanos, esta debería ser paralizada en vez de ser financiada con Deuda Pública.

Pero nos topamos ante un problema, ¿quién debe regular esto? Las mismas personas que ejecutan estas normas. Lo que nos lleva a pensar, ¿realmente hay una separación de Poderes? Está claro que no, aunque siempre pensamos en separación de Poderes cuando hablamos del Poder Judicial y nos olvidamos de que el mismo señor que dirige el Poder Ejecutivo está sentado en una de las Cámaras del Poder Legislativo como un diputado más. Es que ya el descaro es soberbio, no es que los diputados elijan a nuestro gobernante, sino que nuestro gobernante es un diputado y está dentro de los dos poderes: ejecutivo y legislativo.

De aquellos polvos estos lodos, dicen. Tenemos un desastre de “democracia”, si es que se le puede llamar así, y un desastre de representantes. Está claro que nuestra Constitución necesita una profunda reforma en materia de Instituciones del Estado.

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