Independencia del Poder Judicial

Debido a la cercanía de este tema con la materia que yo estoy estudiando y a la complejidad del asunto, se me antoja esta entrada algo más larga de lo normal.
Los Jueces y Magistrados tienen la función de ejecutar la ley, al menos en España y la mayoría de países desarrollados, por no decir todos. Son aquellos que reciben los hechos concretos y juzgan conforme a las normas del ordenamiento jurídico, como dice el latinajo “da mihi factum, dabo tibi ius”, es decir, “a mí dadme los hechos que yo os daré el Derecho”. 
Para ejecutar esa función se les ha dotado de una serie de poderes, o potestas, que garantizan tanto su eficacia como la garantía de que se ajustarán a la norma. 
Una de estas potestas o características más importantes es la independencia. El Poder Judicial debe ser independiente, pero no solo eso, sino que cada Juez debe ser totalmente independiente con respecto a los demás Jueces y demás poderes del Estado. Incluso los Magistrados que componen las salas son independientes entre sí, al menos así debe ser. 
El Poder Judicial está encabezado por el Consejo General del Poder Judicial que podría considerarse como el órgano que controla la actividad jurisdiccional, así como se encarga de designar destinos y sancionar a aquellos Jueces que se apartan del reglamento que el propio CGPJ crea para ellos. Por eso es muy importante la elección de los miembros que componen el CGPJ. El CGPJ se compone de 20 miembros más el presidente. La Constitución garantiza que, al menos, 12 de esos miembros se escojan dentro de la judicatura, es decir, entre Jueces de carrera, y los 8 restantes serán, en todo caso, elegidos por las Cortes Generales (4 y 4) entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia. El presidente es elegido por el Pleno del CGPJ, el presidente del CGPJ es, a su vez, presidente del Tribunal Supremo.
Pero la Constitución deja un amplio margen a cómo deben elegirse los 12 que deben proceder de la carrera judicial. Actualmente existe un sistema mixto, es decir, intervienen tanto los Jueces como las Cortes en la elección. Primero los propios Jueces eligen a 36 candidatos que son presentados antes las Cortes y éstas eligen a 12 de esos 36 candidatos propuestos por los propios Jueces a través de unas elecciones internas. 
Pero esto no ha sido así desde 1978. Por aquel entonces, esos 12 miembros eran elegidos directamente por los propios Jueces. Sin embargo, al llegar el PSOE al Gobierno, se cambió el régimen con la LOPJ (1985) para que la designación de esos 12 miembros fuese única y exclusivamente decisión de las Cortes, eso sí, respetando a la Constitución cuando señala que esos 12 miembros deben proceder de la carrera judicial. Vamos, que los políticos elegían por completo a los componentes del órgano rector del Poder Judicial, siendo una independencia mínima la de este poder.
La razón por la que el PSOE hizo esto es porque entre los socialdemócratas hay un miedo muy grande a que los Jueces se juzguen a sí mismos y como dicen coloquialmente “entre bomberos no se pisan la manguera”, es decir, que exista un corporativismo que deje impune acciones sancionables de los Jueces y Magistrados. Traducido, hay un sector, dentro de los socialistas y otros ámbitos de la izquierda política que opina que el Poder Judicial no debe ser independiente, esto es, que opinan que la justicia se garantiza manteniendo a los Jueces vigilados desde los otros poderes del Estado, que el Pueblo pueda “controlar” a sus propios Jueces.

Ya en el año 2000, el Gobierno de Aznar (PP) modificó la LOPJ para que no fuese ni de un extremo ni de otro. Por lo que todavía hoy se sigue eligiendo a esos 20 vocales del CGPJ en las Cortes, aunque 12 de ellos sean de entre 36 propuestos directamente por los Jueces.

El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), dijo que se volvería a reformar la LOPJ para devolver la elección de los vocales del CGPJ a la situación anterior a 1985. Sinceramente, espero que se consiga, aunque todavía podría pedirse más, una reforma Constitucional para que los 20 sean elegidos por los propios Jueces.

Una vez expuesta la evolución histórica de la elección de los vocales del CGPJ en nuestra democracia, toca valorar qué es mejor, ¿la politización o la libre elección entre los propios Jueces?

Tras 27 años de intervención política amplia en la elección de estos vocales hay que señalar que este sistema resulta ser un desastre. Y es un desastre especialmente debido a la propia corrupción de los políticos. Quizás, si tuviesemos unos políticos honrados el sistema funcionaría correctamente. Pero no es así. Los Jueces son personas y, como personas, tienen su propia ideología, y por muy profesional que se pueda ser, siempre influye, por poco que sea esa ideología. Pero si además de eso, le añades que los cargos más importantes los ocupan personas elegidas por partidos políticos, cualquier atisbo de imparcialidad que pudiesen tener desaparece ya que, en cierto modo, les están haciendo un favor esos partidos políticos y están vinculados a ellos.

Por lo que considero que el peor error es permitir a los políticos meter mano tan descaradamente en el Poder Judicial. Otro argumento esgrimido por estas personas de izquierdas que defienden un control político de los Jueces es puramente político, consideran que la mayoría de los Jueces son de ideología opuesta y tienen miedo al tiempo que no les interesa que sea así.

Pero la política parece el caballo de Atila, la hierba que pisa ya no vuelve a crecer. Cuanto más se politizan las instituciones del Estado, más corrupción e injusticia aparecen. Sin embargo, el que hace su trabajo sin verse rodeado de asuntos políticos se concentra en hacer bien su trabajo y se olvida de aquellas tentaciones diabólicas de los políticos, que bien pueden ser amigos, o familia o simples conocidos que les pueden hacer favores a cambio de lealtad.

Independentistas y promoción del odio a España

Es lamentable lo que ocurre entre nacionalistas independentistas y los españoles, o lo que ocurre entre los españoles más conservadores y los catalanes y vascos. Los sectores más extremistas pretenden fomentar el odio hacia el prójimo de forma irracional. Hablamos de libertades, incluso algunos lo ponen como valor fundamental siendo, incluso, de los sectores más independentistas que se puedan conocer en España o Estado español, como querais denominarlo. Hablamos de libertades y luego no respetamos la libertad del que piensa diferente.

A pesar de que yo me considero del sector de los que se sienten orgullosos de haber nacido en España, aunque a veces me avergüence de ciertas cosas que ocurren en nuestro país, también soy crítico con el sector más conservador, el que defiende la unidad e indivisibilidad de la nación Española como una idea fundamental. Desde esos sectores tan conservadores también se lanzan comentarios que fomentan el odio.

Pero creo que todavía es más grave llenarse la boca de palabras como libertad y democracia y luego discriminar al español por sentirse español y por hablar la lengua española o castellano. Así ocurre con, por ejemplo, Lluís Feliu, miembro de la prestigiosa escuela de negocios IESE. Llamando al castellano peyorativamente como la “lengua de Franco” en un diario digital y en su propio blog, aunque en su blog sí que corrigió esto último gracias a Pepe Giménez Olavarriaga, autor del blog “nacionalismo al desnudo” que insistió en que Lluís incitaba al odio hacia el español con ese tipo de expresiones.

Son cosas como estas las que crean una situación de mayor crispación entre independentistas y no independentistas. Existen sectores radicales que pretenden exaltar a la gente para que el conflicto sea mayor, porque a ellos les interesa.

No entiendo por qué se llenan tanto la boca de libertades y democracia cuando son ellos los primeros en violar esos valores de libertad y democracia. A eso lo llamo yo hipocresía. En Cataluña la lengua española ha sido casi perseguida, está prohibido hablar en castellano en muchos colegios a excepción de la asignatura obligatoria de Lengua Española. Está también prohibido rotular los negocios únicamente en castellano, deben estar, al menos, en catalán, y si no están en catalán pueden caer multas de hasta 1 millón de euros. ¿Quién persigue a quién? ¿Los españoles a los catalanes o los catalanes a los españoles?

Y cada vez que se pide igualdad para los catalanoparlantes y para los castellanoparlantes los independentistas se sienten acosados y coaccionados por los españoles. ¿Acaso no hay españoles viviendo y trabajando en Cataluña? ¿Acaso alguien nacido en Cataluña no tiene derecho a elegir qué lengua quiere hablar, si el castellano o el catalán?

La Constitución Española establece la obligación de conocer la lengua española dentro del territorio español y el derecho a usarla, y se coarta ese derecho al poner semejantes trabas al aprendizaje y al uso del castellano. En el pasado, el franquismo persiguió y prohibió el hablar en lenguas distintas del castellano en público, pero el franquismo no era un régimen democrático, era dictatorial y las libertades eran escasas, ¿quieren emular a Franco? o ¿quieren romper con la Constitución? Estoy seguro que más de un independentista está deseando que la Constitución Española deje de vincularle.