La Libertad de Expresión

La libertad de expresión es un derecho fundamental que la Constitución Española nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, seamos nacionales o no, tengamos los permisos de residencia o no, puesto que es uno de los derechos fundamentales que nuestra Carta Magna no limita para gente que no reside en nuestro Estado, como sí sucede con el derecho de sufragio.

Por lo tanto, nuestro texto constitucional nos confiere el derecho a expresarnos libremente por el mero hecho de ser personas, sin distinguir entre nacionalidades, residencias, razas, etnias, religiones, sexo, edad, etc. Este derecho viene recogido en su artículo 20 y tiene varias vertientes (art. 20.1 CE):

– Derecho a expresar y difundir ideas, pensamientos, ideologías, etc.
– Derecho a la producción literaria, artística, científica.
– Derecho a la libertad de cátedra.
– Derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de comunicación. (No olvidemos que dice “veraz”).

También nos dice este artículo que no se podrá censurar este derecho con antelación, se prohibe la censura previa, pero no la posterior (art. 20.2 CE).

Mediante ley se desarrollará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación dependientes del Estado o de cualquier otro ente público (art. 20.3 CE). Es decir, que la ley regulará la manera en que se controlará por el Congreso de los Diputados, o los distintos parlamentos autonómicos, el funcionamiento de los distintos medios de comunicación públicos (aquí no me estoy queriendo meter en el asunto del cierre de Canal 9 que es asunto distinto al que quiero tratar).

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”, (art. 20.4 CE) copiando literalmente el texto de la Constitución. Este es el aspecto que en este momento deseo resaltar y sobre el que va a tratar esta entrada.

Y tan solo mediante orden del Juez podrá secuestrarse la información publicada o poseída por los medios de comunicación, tras confirmarse que su publicación supone una vulneración de la Constitución o de las leyes españolas, (art 20.5 CE).

Centrándome ya en el art. 20.4 CE, el que establece los límites, generales, al ejercicio del derecho de libertad de expresión, comenzaré diciendo algo que, parece ser, mucha gente no entiende. Y es que todo derecho tiene otra cara de la moneda, una obligación aparejada a él.

¿Obligación? ¿Cómo que obligación? Yo no me obligo a nada, a mí dame derechos y más derechos, las obligaciones son para otros. Error, esta es una actitud totalmente inmadura e irresponsable. El trabajador tiene el derecho a percibir un salario, pero también tiene la obligación de trabajar. El padre o madre tiene derecho a ver y estar con sus hijos, pero también tiene la obligación de procurarle vivienda, alimentos, ropa y una educación, y estos hijos, a su vez, están obligados a guardar un mínimo de sumisión a sus padres, siempre dentro de la legalidad. Uno tiene derecho a deambular libremente, pero debe abstenerse de adentrarse en fincas ajenas (obligación).

La Constitución Española limita, en primer lugar, el derecho de libertad de expresión al respeto de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución (“derechos reconocidos en este Título”), es decir, los derechos contenidos entre el artículo 10 (que habla sobre la dignidad de la persona) y el artículo 55 que habla de cúando y por qué pueden suspenderse las garantias constitucionales a los derechos fundamentales.

Este límite de respeto a los derechos fundamentales viene estrechamente ligado a varios de los derechos fundamentales que menciona acto seguido: honor, intimidad y propia imagen.

Es decir, a pesar de que sean derechos fundamentales totalmente distintos los unos de los otros, unos más relacionados entre sí que otros, no estamos exentos de la posibilidad de vernos en un conflicto de derechos, esto es, que surja un problema en el que haya que valorar qué derecho debe prevalecer sobre el otro, incluso siendo ambos derechos fundamentales, habrá que valorar qué derecho es más fundamental que el otro. Es obvio que no podemos conceder el mismo valor al derecho a la vida que al derecho a la libertad de expresión.

Pero las palabras u otras formas de expresarse, normalmente, no tienen la facultad de matar a otra persona, por lo que resulta difícil encontrar ejemplos de colusión entre derecho a la vida y derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, sí que es muy común que el honor o la intimidad de una persona pueda verse dañado al hacer uso, otra persona, de su derecho a la libertad de expresión y es aquí donde entra en juego el límite del artículo 20.4, es decir, cuando en el ejercicio de la libertad de expresión se vaya a lesionar la intimidad o el honor de otra persona, el derecho de libertad de expresión deja de existir y ya no encuentra sustento jurídico, puesto que se le atribuye mayor valor al honor y a la intimidad personal que a la libertad de expresión.

De aquí nacen los delitos de injurias y calumnias. Y también los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Los primeros dañan, principalmente, el honor de una persona, mientras que los segundos dañan a su intimidad, pudiendo también dañar su honor.

Injurias y calumnias son las atribuciones de hechos, delictuales o no delictuales, que dañan el honor de una persona y que se realizan con conocimiento de su falsedad o con total desconocimiento de si esos hechos son ciertos o no.

Descubrimiento y revelación de secretos son los actos tendentes a conocer una información confidencial que va dirigida a terceras personas y la actividad de su difusión o comunicación a otros para que tengan conocimiento de esa información confidencial. Por ejemplo, abrir la carta del vecino, fotocopiar su contenido y difundirlo, o simplemente abrirla para cotillearle el contenido.

Estos son claros límites a la libertad de expresión, uno no debe comunicar al mundo una información falsa que dañe el honor de otra persona o una información confidencial o secreta. Aunque también puede existir una sanción, en vez de penal (posibilidad de cárcel), civil que consistirá en una indemnización a la persona perjudicada, por difundir una información veraz que daña el honor o la intimidad de una persona pero que se hace sin cumplir con lo que el Código Penal considera delito.

También dice el artículo 20.4 que son las leyes las que desarrollarán estos límites, y así son varias, que no voy a enumerar, las leyes que limitan la libertad de expresión. El Código Penal, siendo la norma con sanciones más duras, es una de las más importantes normas que limitan la posibilidad de expresarnos libremente.

Sería extremadamente largo y complicado analizar a fondo los límites a la libertad de expresión, incluso creo que podría dar para más de una tesis doctoral, por lo que no voy a profundizar, apenas, en el asunto. Pero básicamente, a modo de pequeño resumen, nos encontramos delitos que son una vulneración directa de derechos como el honor o la intimidad y que requieren de la actividad de comunicación o expresión, pero no son los únicos, también nos podemos encontrar multitud de delitos relacionados con incitar o felicitar la comisión de determinados delitos, como el enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo.

He de hablar de varias figuras del Código Penal que podrían encuadrarse en formas de expresarse que se consideran delito por tender a convencer a terceras personas a cometer un delito:

Proposición: quien va a cometer un delito invita a otro para que se una a él.

Conspiración: cuando varias personas se reúnen para planear la comisión de un delito y deciden llevarlo a cabo.

– Provocación: cuando a través de medios de comunicación (imprenta, radio, televisión, internet…) se intente convencer a los receptores de la información de la comisión de un delito.

– Inducción: cuando se convence a un tercero a que él sólo o junto a terceras personas cometa un delito.

Exceptuando la inducción que se castigará siempre (que sea demostrada su existencia en juicio), las otras tres formas tan sólo serán castigadas para los delitos que el Código Penal expresamente lo diga. Por ejemplo: el artículo 141 del Código Penal prevé que la conspiración, proposición y provocación de comisión del delito de homicidio o asesinato será castigado. Obviamente, sólo se castigará si no llega a cometerse el delito, puesto que si se comete, la condena será por su comisión, no por conspiración, etc.

Mientras que la inducción se castiga siempre con la misma pena que al autor del delito, es decir, si el autor lo es en grado de tentativa, el inductor será condenado por una tentativa con menor pena que si se hubiera consumado el delito en su resultado, mientras que si en un principio convence a la persona para cometer el delito pero ésta se arrepiente con tiempo suficiente, el inductor no tendrá pena, al igual que tampoco la tendrá el no-autor. Básicamente con la inducción se castiga al inductor con la misma pena que al autor, porque el inductor lo único que pretende es utilizar a otra persona para intentar librarse de ser condenado como autor, y para evitar que esto ocurra, el Código Penal prevé que se le condene igual que a un autor.

Digo todo esto a raíz de los múltiples comentarios que han surgido en las redes sociales e internet tras el asesinato de Isabel Carrasco, la que fuera presidenta del Partido Popular en León (España). Donde se han podido leer comentarios del tipo “me da tanta pena su muerte como a ella le daban pena las muertes de personas por recortes en sanidad o suicidios por la crisis económica” (comentario que no es delito, en absoluto, pero que sí que considero poco ético o poco afortunado de hacer de forma pública), aunque sí que ha habido otros que podrían rozar o incluso ser otro tipo de delitos, comentarios en los que se desea o se amenaza de forma en la que se puede llegar a dudar sobre su seriedad a personajes como Mariano Rajoy, Cospedal y otros relacionados con la política. Hay que tener cuidado con este tipo de comentarios, porque si se investigan y se consideran suficientemente graves pueden llevar aparejados una condena de multa, de importante cuantía, o hasta de prisión.

Existe una expresión latina que dice así: “cogitationis poenam nemo patitur”, que más o menos significa que una persona no puede delinquir con el pensamiento, es decir, que lo que uno piensa no puede acarrear una pena, sin embargo, si se exterioriza ese pensamiento, en función de cuál sea, podría llegar a ser delito el solo hecho de decirlo.

Los comentarios que han salido al paso de la noticia de la detención, solo detención, no condena de un chaval por supuestamente apoyar a quien asesinó a Isabel Carrasco y a desear la muerte de varios políticos como Rajoy o Cospedal, incluso diciendo que si se los encontrara les fusilaría; llegan a ser algo demagogos. En primer lugar, hay un único detenido por este motivo, entre los muchos que han hecho comentarios muy ofensivos, incluso de apoyo o en tono de grave amenaza frente a políticos, se dice que España es un país policial, un país dictatorial en el que no hay libertad de expresión. Señores, que están hablando de acabar con la vida de personas que, por muy mal que lo hayan hecho, o por muy corruptas que sean, no se puede decir que merezcan morir. No gastamos la pena de muerte para cosas mucho más graves y pretendemos gastarla con los políticos sólo porque nos caen mal y nos sentimos robados por ellos. No mientan, no retuerzan el asunto de tal forma que quieran darle el cariz que a ustedes les apetece.

Cierto es que muchos políticos no son perseguidos por la Justicia cuando deberían serlo, cierto es que muchos de los políticos o amiguetes condenados por un Juzgado luego han sido indultados por el Gobierno, pero eso sigue sin justificar la muerte de una persona.

Desear la muerte de una persona no es delito, ni siquiera si se dice bien alto. Pero cuando ese deseo se expresa en un tono más amenazante, en un tono en el que parece que vas a ser tú mismo el que ponga medios para matar o dañar a una persona, podríamos vernos ante un delito de amenazas, igual que si cualquiera se nos acerca por la calle con un palo de hierro y nos dice que nos va a matar.

Tampoco me vale que se diga “es que conozco casos de amenazas que han sido denunciadas a la policía y no se ha hecho nada; y sin embargo, si la víctima es un político enseguida actúan para protegerle”. No mientan, o por lo menos cállense ante una clara ignorancia. Todos conocemos la expresión que dice “las palabras se las lleva el viento”, que quiere decir que lo que decimos por la boca dura el tiempo que tardamos en decirlo, después de eso, la prueba de ello desaparece por completo, mientras que lo que se escribe, dura todo el tiempo que dure el soporte en que está escrito sin que nadie lo modifique. Si el soporte es papel, mientras el papel esté en buen estado y nadie borre o tache su contenido, éste se verá. Y si el soporte es twitter, internet, mientras el autor no lo elimine o cualquier otra persona (policía o la empresa de twitter) lo haga de parte del autor, ahí está, y cualquiera puede verlo, lo que constituye prueba.

Mientras que si alguien te amenaza de forma verbal, a no ser que tengas testigos o lo grabases por casualidad, es tu palabra contra la suya, y por el principio de presunción de inocencia, a no ser que el que te amenazó no sepa mentir, seguramente salga libre. Por eso pueden darse estos casos, mientras que si la amenaza es a través de una red social o un papel, la prueba está ahí, y entonces sí que deberían hacerte mayor caso porque puedes demostrar el delito.

Para acabar quiero pedir disculpas por la extensión de esta entrada, muy larga, aunque a su vez bastante completa con lo principal, el derecho de libertad de expresión y sus límites a grandes rasgos.

Un saludo a todos, tengan cuidado con cómo se expresan, y suerte.

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